El hecho sucedió el pasado sábado cuando se realizaba un plenario en la Plaza San Martín. Al ver a Gabriel Musso ingresar a una confitería cercana, los manifestantes le expresaron su repudio por el apoyo al proyecto.

La Justicia imputó a varios integrantes de las Asambleas de Punilla que luchan para evitar el avance de los trabajos de la Autovía, luego del escrache realizado al intendente de Cosquín, Gabriel Musso.

El hecho sucedió el pasado sábado cuando se realizaba un plenario en la Plaza San Martín de esa localidad. Al ver al mandatario ingresar a una confitería cercana, los manifestantes se acercaron para expresarle repudio mediante cánticos y carteles por el apoyo al proyecto.

Gabriela Taborda Varela expresó que la está buscando la Policía al igual que a otros compañeros y compañeras debido a datos a los que accedieron a través de material fílmico y otras grabaciones. "Desde ahí sacaron nuestros datos porque yo no se los dí a nadie. Hace seis meses que estamos frente a esta lucha por lo que ya estamos filmados y grabados por todos lados" aseguró la asambleísta. 

Taborda Varela se quejó del irregular procedimiento policial para notificarla ya que llegaron a su domicilio en momentos en que no se encontraba y le tomaron los datos a una de sus hijas exponiéndola a una situación traumática. 

En relación a los hechos, la mujer explicó que ella acudió al lugar porque le avisaron que se estaba realizando el escrache. "A la mañana no estuve porque estaba cuidando el espacio por donde quieren avanzar las máquinas". A llegar pudo sumarse a la manifestación "pacífica" que luego se vio violentada por el personal policial y por infiltrados en el otro bando que incitaban a ir al "choque".  

"Decirle al intendente que es un ecocida no es una amenaza, sino una manifestación" aclaró la asambleísta quien quiso resaltar que sí hubo amenazas por parte de la Policía y de vecinos que pasaban por el lugar. También lamentó el hecho de recibir mensajes intimidatorios y amenazas de muerte a través de redes sociales.

En lo referente a la citación, dijo que una vez que la reciba se presentará como corresponde a la Justicia junto a su abogada y que la imputación es "nula" ya que en ningún momento se especifica de qué se la incrimina.

Este martes durante el mediodía los manifestantes se encuentran en los obradores de la zona de trabajos de máquinas en Santa María de Punilla. Allí están solicitando información acerca del avance de la obra.

El comunicado de las Asambleas

"En la noche de este domingo 14/8, ya madrugada del lunes, efectivos policiales se hicieron presentes en la casa de una de las defensoras del ambiente e integrante de las asambleas de PUNILLA y le entregaron una citación para comparecer como IMPUTADA. En ese mismo momento fue escoltada a la comisaría de Cosquín, de la que regresó avanzada la madrugada. Habría más citaciones en curso.

El pasado sábado se realizó un plenario y concentración pacífica en la plaza San Martín de Cosquín; allí se difundió la situación de ilegalidad e ilegitimidad del proceder de los gobiernos provinciales y locales de acuerdo a las leyes vigentes. Al promediar la actividad, la asamblea ve ingresar al intendente Musso a una cafetería cercana y espontáneamente se traslada para, con cánticos y consignas, manifestar su condena al accionar anti democrático del funcionario.

Nuevamente la policía despliega un accionar violento e intimidatorio (como en el acampe de Molinari, que fuera desalojado ilegalmente a las 4 de la mañana): ejecuta las órdenes de una fiscalía que a todas luces está al servicio de los negociados del gobierno provincial y desconoce no sólo las leyes que viola el ejecutivo sino las que protegen a los ciudadanos, fragmentando el estado de derecho.

Argentina ha suscripto el Acuerdo de Escazú: como todo convenio internacional que ha sido confirmado en el Senado, esa firma tiene validez constitucional; sin embargo el gobierno de la provincia de Córdoba utiliza el poder público para sostener sus actos corruptos. 

El intendente Musso (y todos los del Valle de Punilla y Paravachasca que hicieron lo mismo) autorizó de manera ilegal el paso de la autovía por el ejido de Cosquín; enrostrarle que es un delincuente no es una amenaza, ni configura intimidación, es simplemente poner en palabras la realidad.

El pedido de Amparo ante la justicia para detener el proyecto plagado de ilegalidades e irregularidades de la autovía de Punilla, ya tiene años y el tribunal no se expide. Mientras tanto la obra ya se inició (cuando debiera esperar el fallo) y arrasa con todo a su paso. En el medio hemos sufrido hasta golpizas por parte de la policía, pero cada vez somos más los vecinos y vecinas que entendemos la magnitud del problema y nos manifestamos en contra de esta manera de hacer política, al servicio de unos pocos.

Esta intención de criminalizar la protesta y limitar la acción de los ciudadanos comprometidos no hace más que fortalecer nuestra decisión de proteger el patrimonio natural y cultural que ya está siendo depredado por una obra que trae graves perjuicios para la población y es un acto de corrupción. 

Asambleístas y vecin@s tenemos la LEGALIDAD y la LEGITIMIDAD de nuestro lado. LOS GOBIERNOS NO!"