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Las instituciones podrán destinar los aportes a solventar gastos corrientes de funcionamiento, el pago de honorarios profesionales y otros insumos o faltantes que amenazan la continuidad de su labor. Se busca evitar el quiebre del sector producto del retiro de los aportes del Gobierno nacional.

El gobernador Martín Llaryora dispuso la creación de “Córdoba Sostiene – Fondo de emergencia para discapacidad”, integrado por 2.000 millones de pesos.

La iniciativa busca fortalecer las instituciones de la sociedad civil que prestan servicios a personas con discapacidad, ante la severa crisis que atraviesan como producto del retiro de los aportes del Gobierno nacional.

Los montos se podrán destinar a gastos corrientes de funcionamiento, el pago de honorarios profesionales y de otros faltantes e insumos que amenazan la continuidad de la labor, de modo de garantizar las actividades e impedir que cierren y colapse el sistema.

Junto a la secretaria General de Salud y Desarrollo Humano, Liliana Montero, el gobernador Llaryora formalizó el anuncio en el Centro Cívico, ante referentes de más de 200 instituciones cordobesas que colmaron el salón auditorio.

Llaryora remarcó que las políticas en este ámbito deben ser transversales, más allá de los partidos y las religiones. “Lo que nos debe unir es cuidar a las personas en estado de discapacidad”, afirmó.

“Córdoba Sostiene” surge como respuesta a la crisis que atraviesan las instituciones por la falta de aplicación por parte del Gobierno nacional de la dos veces sancionada Ley de Emergencia en discapacidad, situación que se vio agravada al dejar de percibir aportes de Pami o del programa social nacional Incluir Salud.

“Nuestra intención es sostener el entramado institucional para que nadie se sienta solo”, puntualizó el mandatario.

El gobernador reiteró que la respuesta definitiva para mantener la atención y trabajar en la inclusión excede la voluntad de Córdoba, y en este sentido reclamó que se cumpla la Ley de Emergencia de Discapacidad.

Vale recordar que los 2.000 millones de pesos dispuestos para el salvataje se suman a los 4.500 millones asignados al Fondo Provincial de Inclusión Social de Personas con Discapacidad, creado por ley 10.928, que rige desde fines de 2023 y viene financiando dispositivos de accesibilidad y más de 300 proyectos de desarrollo e inserción laboral.

Actualmente, muchas de las organizaciones están en peligro cierto de cierre y requieren de un salvataje de emergencia para continuar con sus actividades.

Estuvieron en el encuentro, la secretaria de Coordinación y Fortalecimiento Familiar, María Eugenia Pomazan; integrantes de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (Capredis), la Mesa de Discapacidad de la Provincia, las Asociaciones de Transportistas de Discapacidad y la Comisión de Discapacidad de la Legislatura, junto a representantes de distintas áreas de discapacidad de la Provincia provenientes de la municipalidad de Córdoba, Río Cuarto y Villa María, entre otros referentes.

Semanas atrás, el gobernador Martín Llaryora anunció un refuerzo de 450 millones de pesos. La implementación de “Córdoba Sostiene» permitirá ampliar la asistencia a fundaciones, centros de rehabilitación, instituciones de apoyo educativo y organizaciones no gubernamentales.

En ese sentido, es un requisito obligatorio que tales asociaciones cuenten con personería jurídica vigente (inscripción en IPJ).

Para mayor información, se puede consultar vía teléfono (0351) 302-8929 y/o 347-9527. También se puede recurrir vía correo a la casilla: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. 

El gobernador Llaryora recibió a autoridades de las entidades y les comunicó la decisión de otorgar un aporte extraordinario, en atención a la crítica situación de un sector que la Provincia viene acompañando con políticas públicas. En total, son 450 millones de pesos que las instituciones destinarán a gastos corrientes de funcionamiento y, en los casos de doble jornada, a cubrir un complemento alimentario.

El gobernador Martín Llaryora dispuso un refuerzo económico de 450 millones de pesos para instituciones que trabajan con personas con discapacidad, las cuales atraviesan severos problemas financieros en el marco de la emergencia del sector, agravada por la falta de pagos de distintos programas nacionales.

Llaryora, junto a la secretaria de Salud y Desarrollo Humano, Liliana Montero, recibió este miércoles en el Centro Cívico a instituciones de la ciudad Capital y del interior. Durante la reunión de más de dos horas, las entidades expusieron su situación, tras lo cual el mandatario dio instrucciones para agilizar la asistencia económica destinada a mantener las prestaciones.

Después del encuentro, el gobernador indicó que, frente a la crisis profunda en la que están inmersas estas instituciones, la Provincia fortalecerá la asistencia a través del Fondo de Emergencia para la Discapacidad.

Subrayó, además, que la grave situación del sector obedece al incumplimiento de la Ley de Discapacidad y la falta de los pagos nacionales comprometidos, incluyendo la reciente interrupción de envíos para prestaciones de PAMI.

En este sentido, instó a que se normalice el financiamiento nacional: “Hay que ser claros: si no se cumplen los envíos de fondos nacionales que corresponden a cada entidad, el esfuerzo que hace la Provincia no alcanzará para sostener todos los servicios”.

El gobernador remarcó la “necesidad urgente” de que se cumpla la Ley de Emergencia de la Discapacidad y agregó: “A través de la solidaridad de todos los cordobeses, estamos agilizando este fondo para llevarles un tiempo de tranquilidad, pero las provincias y los municipios no pueden reemplazarlo todo eternamente”.

Se hizo oficial la adhesión al programa "EPT Discapacidad a través de ONG" que depende de Nación. Los ingresantes serán asignados a distintas áreas del municipio. 

Este lunes en el SUM de la Municipalidad de Huerta Grande se hizo oficial la adhesión al programa  "EPT Discapacidad a través de ONG".

Este programa que depende de la Sub Secretaria de Empleo y Formación Laboral de la Nación genera este espacio de entrenamiento para el trabajo a personas con discapacidad. Serán asignados a distintas áreas de la municipalidad y deberán cumplir 20 horas semanales.

De dicho encuentro participaron la secretaria de Gobierno Lucrecia Cavanna; el director de Desarrollo Social Nelson Romero; la coordinadora del Área de Discapacidad Priscila Ortega; la coordinadora de RRHH Liliana Quevedo; la presidenta del Club Sportivo Huerta Grande Lorena Guevara y la coordinadora de la Oficina de Empleo que funciona en la Municipalidad de La Falda y gestiona este proyecto Karim Blanco, sumado a los beneficiarios del programa.

"EPT Discapacidad a través de ONG" busca insertar laboralmente a personas con discapacidad mediante el desarrollo de prácticas calificantes en entornos de trabajo reales, con acompañamiento y tutores. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) pueden presentar proyectos para ejecutar estas capacitaciones, recibiendo financiación de la Subsecretaría de Empleo y Formación Laboral para cubrir los costos.

Por una mayoría de 63 votos positivos el Congreso dio de baja el veto del presidente y la Ley deberé ser promulgada.

La Cámara de Senadores celebró este jueves una sesión ordinaria en la que se aprobó el rechazo al veto del presidente Javier Milei sobre el proyecto que declara la emergencia en el área de Discapacidad, tras alcanzar los dos tercios necesarios.

La norma establece, entre otras medidas, la actualización periódica —con ajuste por inflación— del nomenclador de prestaciones vinculadas a la discapacidad, tomando como referencia los valores de diciembre de 2023. También crea una pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. Las pensiones por invalidez laboral vigentes pasan automáticamente a ese esquema, con acceso garantizado a un programa de atención médica. Además, ordena regularizar deudas del sistema de salud con los prestadores.

Tras el debate, el Senado ratificó con 63 positivos y 7 negativos la insistencia al veto presidencial, decisión que ya había sido adoptada previamente por la Cámara de Diputados el pasado 20 de agosto y, de esta manera, quedó confirmada la Ley de Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2026.