La medida fue definida por la Asamblea Provincial reunida este miércoles. El paro será el miércoles 8, jueves 9 y viernes 10 de abril.

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) rechazó la tercera propuesta salarial del Gobierno y decretó un paro por 72 horas.

La medida fue definida por la Asamblea Provincial reunida este miércoles. El paro será el miércoles 8, jueves 9 y viernes 10 de abril. Habrá movilización en la capital el día miércoles. 

Además los delegados y delegadas departamentales resolvieron exigir que la nueva propuesta del gobernador Llaryora incluya y garantice los ítems logrados en la tercera propuesta salarial y que para profundizar la recuperación del poder adquisitivo y alcanzar un acuerdo justo incluya sumas remunerativas y bonificables no inferiores al 25%.

Entre las exigencias inmediatas está la restitución de los fondos descontados por días de paro y no realizar nuevos descuentos. 

Se repudian "categóricamente las prácticas de violencia, los discursos de odio y la estigmatización de las y los trabajadores organizados y sindicalizados" ratificando la defensa de sus derechos.

Además reclaman al Ministerio de Educación "la implementación de acciones concretas de  acompañamiento  y formación (en servicio) en políticas  orientadas a garantizar la prevención y protección de todos los sujetos que habitan las escuelas. Que no se limite a talleres institucionales/documentos sino que sean prácticas reales que no se transformen en sobrecarga a las/los docentes".

Se trata de mamíferos y aves que fueron rescatados en los distintos procedimientos de control. La suelta, realizada en el balneario “Bahía de Ansenuza”, estuvo acompañada por alumnos de la escuela rural “24 de Setiembre”.

El Gobierno de Córdoba, a través de la Policía Ambiental, soltó más de 60 animales silvestres fueron liberados en el balneario municipal Bahía de Ansenuza, de La Para.

La suelta estuvo acompañada por autoridades del municipio de esa localidad y por alumnos de la escuela rural “24 de Setiembre”.

Previo a ese momento, que permitió el regreso a su hábitat natural de tres mamíferos y 62 aves silvestres, los animales debieron atravesar un período de cuarentena sanitaria y de rehabilitación en la reserva Tatú Carreta de Casa Grande, debido a que fueron rescatados del cautiverio.

Ante un paisaje propicio, rodeado de vegetación y muy cercano a la laguna, para que los ejemplares tengan una segunda oportunidad en la naturaleza, primero se liberaron las aves y luego, en otro sector, los mamíferos. 

Antes de realizar la suelta, autoridades de Policía Ambiental compartieron con los presentes una charla referida al origen de los animales, la tenencia domiciliaria ilegal, su proceso de recuperación y la importancia de preservar los entornos y recursos naturales.

Luego, de manera organizada y supervisada por los adultos, los niños pudieron vivenciar la experiencia de abrir cada una de las jaulas para que los individuos fueran libres otra vez.

La actividad se dividió en dos momentos: el primer turno de liberación fue el de las 60 aves paseriformes. Cabecita negra, cardenal común, corbatita, jilguero, pepitero de collar, reinamora y zorzal mandioca. Más tarde, en distintos sectores, aves de mayor porte -como lechuza de las vizcacheras y chimangos- y mamíferos – zorro, gato del monte y comadrejas.

Acompañaron la actividad el legislador provincial, Juan José Blangino, el intendente de La Para, José Piana, y personal del municipio; el secretario y subsecretaria de Policía Ambiental, Adrián Rinaudo y María Belén Blanda, el jefe de inspectores, David Rojas y personal de la repartición.

Es una niña dulce, extrovertida y sumamente creativa. Le apasiona el diseño de indumentaria y disfruta muchísimo de sus clases de teatro y danza.

El Registro Único de Adopciones (RUA) de Córdoba lanzó una convocatoria dirigida a personas, parejas o familias de toda la provincia que sientan que pueden brindar un entorno afectivo, estable y protector para Mora, una niña de nueve años que espera una oportunidad para crecer rodeada de amor.

Esta búsqueda fue solicitada por la Unidad de Juezas n.° 3, a cargo de la magistrada Laila Córdoba, con la esperanza de encontrar ese ámbito familiar que Mora necesita para crecer segura y contenida.

¿Quién es Mora? 

Ella es una niña dulce, extrovertida y sumamente creativa. Le apasiona el diseño de indumentaria y disfruta muchísimo de sus clases de teatro y danza, donde se destaca en el juego de roles.

Mora disfruta de ir a la escuela, donde cursa cuarto grado. Para que pueda desplegar todo su potencial, necesita una familia que la estimule y la acompañe con compromiso en sus procesos de aprendizaje y salud. Actualmente, requiere de apoyo psicopedagógico para fortalecer sus habilidades y su integración escolar. Además, un tratamiento fonoaudiológico para favorecer su expresión y comunicación verbal.

Asimismo, es fundamental que quienes se postulen puedan sostener sus tratamientos actuales en las áreas de psicología y psiquiatría, esenciales para ayudarla a seguir trabajando en el manejo de sus emociones y en su desarrollo integral.

Vínculos y afecto

Mora tiene una gran capacidad para relacionarse tanto con sus pares como con personas adultas. Un aspecto central de su vida es el vínculo con su hermana; por eso, necesita una familia que comprenda la importancia de mantener este lazo cercano y afectivo.

Cómo postularse

Las personas interesadas deberán postularse de la siguiente manera:

• Ingresar a la página: https://rua.justiciacordoba.gob.ar/convocatorias/

• Seleccionar la convocatoria n.° 04/26.

• Completar el formulario de inscripción.

Los operativos se realizaron en barrio La Higuerita y contaron con la colaboración de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.

En el marco de una investigación por abigeato, personal policial llevó adelante una serie de allanamientos en distintos domicilios de barrio La Higuerita, en la localidad de Villa Giardino.

Como resultado de los procedimientos, se logró el secuestro de más de 80 kilos de carne vacuna, además de armas blancas, balanzas, teléfonos celulares y diversos elementos utilizados para la faena clandestina.

Durante los operativos también se incautaron varias plantas de marihuana, motivo por el cual intervino la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que colaboró en el procedimiento.

La investigación continúa en curso y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.

El demandado no reconoció a su hijo hasta su edad adulta, pese a que había tenido conocimiento del vínculo filial. Este incumplimiento fue la causa de los daños sufridos por el joven.

El Juzgado Civil y Comercial de 9° Nominación de la ciudad de Córdoba condenó a un padre a indemnizar a un hijo por no haberlo reconocido hasta su edad adulta, pese a que había tenido conocimiento del vínculo filial. El hijo se contactó en varias ocasiones con su progenitor; pero tuvo que iniciar acciones legales para que, en última instancia, se ordenara judicialmente la inscripción del vínculo paterno-filial en la partida de nacimiento. La resistencia sostenida del demandado a realizar el reconocimiento voluntario le generó al joven serios padecimientos de salud mental.

 El hombre fue condenado a pagar una indemnización de aproximadamente 100 millones de pesos, más intereses, por no haber reconocido a su hijo ni haberlo asistido económicamente a lo largo de su vida. El hijo, que hoy tiene 36 años, había intentado, tanto de manera judicial como extrajudicial, lograr el reconocimiento, sin éxito alguno.

El demandante nació en un pueblo de menos de 3000 habitantes en 1990 y fue criado por su madre -que tenía catorce años al momento del embarazo- y sus abuelos con muchas carencias económicas. El progenitor, también adolescente, pertenecía a una familia de muy buen pasar económico y, a pesar de que era de público conocimiento que el niño era su hijo, nunca lo reconoció como tal.

En su juventud, el demandante -que siempre tuvo conocimiento de quien era su padre- decidió buscarlo con la esperanza de que lo asistiera para poder cumplir su sueño de estudiar medicina. Pero el demandado se negó a ayudarlo y no accedió -en un principio- a realizarse un ADN. Aquella situación de desprecio tuvo profundas consecuencias en la salud mental y en la vida personal del demandante.

En su demanda de daños y perjuicios, el damnificado reclamó que la reticencia y el rechazo del progenitor perjudicaron de tal forma su salud mental y emocional que le generaron una incapacidad vital del 20%. La capacidad vital está relacionada con la posibilidad de realizar actividades no laborales, es decir, que no generan ingresos, pero que igualmente pueden ser valoradas económicamente. Están vinculadas “al valor material de la vida humana y su plenitud”. También reclamó el daño moral, es decir la afectación y sufrimiento emocional que le causó el no reconocimiento. Para sustentar su pedido, presentó un informe elaborado por la profesional psiquiatra que lo acompañó durante estos años. Por último, reclamó la pérdida de chances de mejores oportunidades educativas y profesionales por no haber contado con el respaldo económico que su padre le hubiera podido dar.

El tribunal consideró que había una obligación legal incumplida de forma intencional por el demandado, y que ese incumplimiento era la causa de los daños sufridos por el joven. Indicó que, ante el conocimiento o la sospecha de la existencia de un hijo, el progenitor tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para despejar la duda y, en su caso, realizar el correspondiente reconocimiento. El progenitor no queda eximido de este deber, aunque el hijo no haya hecho reclamo judicial. La única eximente es el desconocimiento por causas ajenas a su voluntad.

Expresamente, el tribunal indicó que no puede convalidarse el incumplimiento de un deber jurídico propio, como es la falta de reconocimiento, trasladando sus consecuencias a una madre que asumió de forma exclusiva la responsabilidad parental y, por circunstancias desconocidas, no habría requerido -extrajudicial o judicialmente- el reconocimiento de su hijo.

La sentencia concluyó que hubo una “deliberada voluntad dirigida hacia el no reconocimiento”. El progenitor conoció desde siempre la verdad biológica del joven demandante. Aun así, no sólo no realizó el reconocimiento de manera voluntaria; sino que también ignoró los pedidos extrajudiciales y las citaciones a las distintas instancias judiciales iniciadas por su hijo a través de los años. Solo se presentó tardíamente en el juicio de filiación, donde finalmente se realizó el estudio de ADN. Y luego compareció en el juicio de daños para desconocer los reclamos del demandante, los cuales consideró absolutamente exagerados.

La demanda fue admitida y el tribunal condenó al pago de una indemnización superior a los 100 millones de pesos al progenitor, quien además deberá cargar con las costas del juicio y los honorarios de los abogados intervinientes.