El Gobierno puso en marcha un protocolo que permitirá recuperar los costos de los despliegues policiales y de emergencia. Apunta a frenar intimidaciones y falsas alarmas en ámbitos educativos.

El Gobierno de Córdoba implementará un nuevo protocolo que obliga a quienes generen falsas amenazas de tiroteo en escuelas a afrontar los costos de los operativos de seguridad que esas situaciones demandan.

La medida, formalizada por el Ministerio de Seguridad, establece que los gastos ocasionados por intervenciones policiales, brigadas especiales, bomberos y áreas de investigación serán reclamados a los padres o adultos responsables de los menores identificados e imputados por la Justicia.

A partir de ahora, toda intimidación pública, amenaza o falsa alarma que implique el despliegue de recursos del Estado no solo tendrá consecuencias penales, sino también un recupero económico de los costos operativos.

El procedimiento prevé que, una vez identificados los responsables, se cuantifiquen los recursos humanos y materiales utilizados en cada intervención.

Con esa información, el Estado avanzará con la intimación de pago y, de ser necesario, con acciones judiciales.

El protocolo se implementará en coordinación con el Ministerio Público Fiscal, la Policía de Córdoba y las áreas administrativas correspondientes.

La Provincia ratificó así una política de tolerancia cero frente a este tipo de conductas y reafirmó su compromiso de garantizar entornos educativos seguros.