Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa y Oficina de la Mujer articulan acciones para que los destinatarios de la ley obtengan una reparación económica sin demoras.
Según datos del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA), entre 2017 y 2024, en Argentina al menos 1.685 niñas, niños y adolescentes que estaban a cargo de las víctimas directas de femicidio al momento del hecho. El informe, elaborado por Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), revela que, en la provincia de Córdoba, en 2024, hubo 14 hijas e hijos de víctimas directas de femicidio.
Frente a esta situación, el Poder Judicial de Córdoba ha implementado una serie de prácticas orientadas a garantizar el efectivo acceso a la Ley Brisa (n.° 27452), que reconoce una reparación económica y cobertura de salud a hijos e hijas de víctimas de femicidios. Esta ley, sancionada en 2018, establece una reparación económica mensual equivalente a un haber jubilatorio mínimo para hijas e hijos de mujeres víctimas de femicidio u homicidios en contextos de violencia de género. El beneficio se extiende hasta los 21 años o de por vida en el caso de personas con discapacidad.
Las acciones implementadas por la Justicia de Córdoba tienen como objetivo remover obstáculos y asegurar que los derechos se traduzcan en beneficios concretos. Todo ello fue posible gracias al trabajo de articulación entre el Ministerio Público Fiscal, la Unidad de la Defensa Pública de Víctimas (UDV) y la Oficina de la Mujer del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). El pasado 10 de septiembre se realizó una presentación de estas experiencias un panel sobre la Ley Brisa en el que también participaron especialistas de Chubut y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
En los casos de femicidios seguidos de suicidio, las familias solían enfrentar dificultades para acceder a la reparación prevista por la Ley Brisa debido a la falta de una resolución judicial firme. Para revertir esta situación, este año el Ministerio Público Fiscal de Córdoba dictó nuevas directrices que unifican criterios y plazos de actuación en el tratamiento de estos casos, con el propósito de garantizar una gestión más ágil y accesible. Las medidas incluyen la incorporación explícita de la referencia a la Ley Brisa en las resoluciones, la comunicación a los familiares en un lenguaje claro y la capacitación del personal judicial en la materia.
En paralelo, el Ministerio Público de la Defensa dispuso que todos los integrantes de las diversas defensorías públicas de la provincia, difundan y promuevan el acceso a los derechos de la ley, mediante un trabajo articulado e interinstitucional; pero también de mayor presencia y acompañamiento a niños, niñas, adolescentes hasta los 21 años y las personas con discapacidad sin límite de edad, beneficiarias de la reparación económica.
Por su parte, la Unidad de la Defensa Pública de Víctimas (UDV), dependiente del Ministerio Público de la Defensa, cumple un papel central para tomar contacto y localizar a familiares de las víctimas. Esto, con la finalidad de acompañarlos personalmente en los trámites ante la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
La Oficina de la Mujer del TSJ de Córdoba aporta la información a partir de la identificación de las víctimas de femicidios que tienen hijos e hijas a cargo, en base a los datos informados al RNFJA y al observatorio de sentencias de femicidios de la Oficina de la Mujer de la CSJN.
Esta sistematización resulta clave para detectar a hijas e hijos en condiciones de acceder a la reparación.
Fuente: https://www.justiciacordoba.gob.ar/
